sábado, 2 de febrero de 2019

Caso Castor

"El proyecto Castor es un proyecto que consiste en la construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona.”

¿Era necesario emprender este proyecto?

En este país consumimos mucho gas y no lo producimos, parece sensato crear almacenes de gas.

Pero al mismo tiempo también se tienen que potenciar fuentes de energía renovables ya que las otras (petróleo, gas, nuclear, carbón) o contaminan o las importamos o las dos cosas.

Sobre la concesión de explotación a Escal UGS.

Supongo que existe un proceso de selección de cual será la empresa que desarrollará el proyecto. Lo suyo sería que se presentaran a concurso diferentes propuestas y se escogiera la mejor, no se si se hace esto.

Se acepta el presupuesto de Escala UGS de unos 500 M.

Condiciones de la concesión.

El Gobierno (de Zapatero) publica un Real Decreto donde dice más o menos: todos y cualquier pago que nos pida la empresa la cubrirá la Administración. Barra libre para Escala UGS.

Terremotos.

Empiezan las obras pero causan terremotos. Se concluye que las obras no pueden continuar.

¿Quién paga lo invertido hasta el momento?

Como decía el anterior Real Decreto: todos y cualquier pago que nos pida la empresa la cubrirá la Administración. Barra libre para Escala UGS.

Así que el Gobierno (de Rajoy) le paga a Escala UGS 1.350 Millones de euros, el pago se tramita sin cumplir los requisitos formales, en tiempo récord y sin ni siquiera investigar lo que ha pasado y quien es responsable.

Algunos dicen que esta es una forma de saquear las arcas del Estado, si nos fijamos, se acaban de trasladar 1.350 M de euros del fondo público a una cuenta privada de forma legal y a cambio de nada.

¿Quién financia la operación?

El Gobierno pide un préstamo a una serie de bancos (El Santander, CaixaBank, Bankia...) , para pagar a Escala UGS.

¿Qué se hace con la obra realizada hasta el momento?

Lo construido hasta ahora no se puede ni desmantelar ni aprovechar pero se requiere un mantenimiento, para ello El Gobierno contrata a Enagás.

El Gobierno tiene una idea brillante.

El pago a Enagas, por el mantenimiento de la obra, se cargará en el recibo de gas a los usuarios, y ya que estamos, carguemos también la cuota del préstamo que debemos al banco, 1.350 M más intereses y gastos legales durante 30 años, todo al recibo de los usuarios.

Además de desviar dinero público a una cuenta privada, el agujero lo cubre la gente.

¿Qué puede salir mal?

Algunas entidades (Cecot, Generalitat, asociaciones…) denuncian este abuso.



Sobre el pago de 1.350 M del Gobierno a Escal UGS. Los tribunales ven un error de forma, no de contenido.

Es decir, para la justicia es incorrecto haber hecho un Decreto en vez de una Ley, pero no dice nada sobre si es un abuso cargar en los recibos todas las chapuzas cometidas hasta ahora.

De todas formas los tribunales deciden que se anule el pago de 1.350 M del Gobierno a Escal UGS y que Enagas tiene que devolver a la gente lo que les ha cobrado para pagar las cuotas del préstamo.

¿Cómo se anula el pago?

El tribunal dice que se anule el pago, pero Escal UGS ya ha cobrado y no devuelve el dinero.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como el pago está anulado, le dice al Gobierno que no pague las cuotas del préstamo a los bancos.

Ahora quien se queda sin cobrar son los bancos.

Empieza el cruce de denuncias.

Los bancos denuncian al Gobierno por no pagar el préstamo.

El Tribunal Constitucional dice que al Gobierno que hagan una Ley para poder cobrar a la gente.

El Gobierno dice que el pago a Escal UGS fue correcto (cumplió el Decreto de Zapatero) y cargar los costes a los usuarios también es correcto.

Escal UGS dice que cobró lo acordado.

Enagas denuncia al Gobierno por no pagar lo que tuvo que devolver a la gente.

Las asociaciones de afectados denuncian a quien sea responsable, que no se sabe quien es, por los daños sufridos a causa de los terremotos.

Las asociaciones de consumidores denuncian al Gobierno por cargar los gastos en el recibo.

Varias plataformas denuncian al gobierno y a empresarios por fraude.


Conclusión final.

Un estudio de (MIT) determina que no se podía saber que ocurriría lo de los terremotos, así que al parecer nadie tiene la culpa de lo que pasó. Las deudas, que pueden ascender a más de 4.000 M, las pagarán los usuarios.

Sí, somos los pringados de siempre.

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